LOS OSCUROS AMOS DEL MEDIO AMBIENTE, AL DESCUBIERTO.
El libro “Conspiraciones tóxicas” revela las presiones al poder político del sector químico, las nucleares o las constructoras.
Andrea C. Muñoz
Quien contamina, paga. Pero, ¿a quién?”. La ingeniosa frase lanzada en una manifestación por el cierre de la central nuclear de Garoña es el punto de partida del libro recién editado Conspiraciones tóxicas (MR Ahora), una exhaustiva investigación de Joaquín Vidal, Rafael Carrasco y Miguel Jara, sobre los turbios y desconocidos manejos de la industria nuclear, las químicas o las constructoras para conseguir del poder político decisiones favorables para ellas y, casi siempre, contrarias a la salud pública y al medio ambiente. A lo largo de sus cuatrocientas páginas, el libro, el primero que se edita en España sobre los lobbys anti-ecológicos, va desgranando ejemplos sobre el trabajo sistemático y altamente cualificado de estos profesionales de la presión “que nunca aparecen en la foto” pero que están detrás del Plan Hidrológico del PP, del boom urbanístico en la costa mediterránea o de la escasa regulación de la contaminación química, las ondas electromagnéticas o los alimentos transgénicos. Seguramente no haya mejor ejemplo de cómo operan los lobbys industriales en contra del interés general que la controvertida agricultura transgénica. Los consumidores europeos rechazan abrumadoramente el maíz o la soja modificadas genéticamente porque la mayoría de ellos, según todas las encuestas, creen que los nuevos vegetales pueden ser perjudiciales para la salud. Las organizaciones ecologistas, algunas agrarias y un cierto número de científicos temen que el flujo de polen transgénico pueda contaminar cultivos convencionales o ecológicos, con lo que se corre el riesgo de que toda la agricultura acabe siendo transgénica. A pesar de esto, los gobiernos españoles de la última década han permitido su comercialización y cultivo sin apenas condiciones. ¿Cómo se explica algo así? Jaime Costa podría responder a la pregunta. Es director de Asuntos Regulatorios de Monsanto-España, lo que en la terminología empresarial significa el departamento de lobby. “Durante los años del gobierno popular, su presencia en los despachos de Agricultura, Medio Ambiente o Sanidad era constante”, se dice en el libro.En Conspiraciones tóxicas, se asegura que con el cambio de gobierno, y la posición menos clara de los nuevos responsables socialistas, el trabajo de éste y otros lobbistas de la industria agroquímica se ha vuelto más discreto, aunque su influencia en el Ministerio de Agricultura y en los departamentos autonómicos correspondientes sigue intacta. Su trabajo es, al decir de todos los que le conocen, incansable y eficaz: representa en infinidad de actos a Monsanto y a la patronal Asebio, hace presentaciones en reuniones científicas, acude a debates de todo tipo, contesta en cualquier foro a los cibernautas que mencionan a Monsanto, se entrevista con funcionarios de todas las Administraciones, recibe a delegaciones de periodistas, agricultores o funcionarios en campos de demostración sembrados con transgénicos... Cuenta Conspiraciones tóxicas, que la agroquímica suiza Syngenta, gran rival de Monsanto, también dispone de departamento de lobbying, dirigido por Esteban Alcalde. Pero otros muchos lobbys transgénicos presionan a los poderes públicos desde varios ángulos. La Fundación Antama –creada por Monsanto y Syngenta, entre otras– defiende los interese s conjuntos de las empresas agrobiotecnológicas. Encuentros El Foro Agrario –ligado económicamente a la anterior fundación a través del Observatorio de Bioetecnología– reúne periódicamente a los distintos agentes involucrados en el debate transgénico, incluidos funcionarios y altos cargos de la Administración.
Además, presionan activamente y en la misma dirección las patronales biotecnológicas –Asebio, en España, y EuropaBio, en Bruselas–; la Sociedad Española de Biotecnología (Sebiot), que reúne a científicos relacionados con estas tecnologías; la patronal de fabricantes de semillas (Aprose); la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (Cesfac); el Grupo de Empresas Agrarias (GEA, el lobby de las grandes explotaciones agrarias), y la Asociación General de Productores de Maíz (Agpme). Por si faltase algo a esta temible máquina de presionar, las compañías y las organizaciones creadas por ellas echan mano, cuando es preciso, de bufetes y agencias de relaciones públicas especializados en tratos con el poder, como Burson-Masteller o Power Axl. “Yo creo –explica en el libro una fuente de la Fiscalía de Madrid– que es preocupante la presencia de grupos de presión transgénicos en todos los ámbitos políticos de decisión, tanto en España como en la UE”. “Con el Gobierno del PSOE –añade– todos estos grupos de presión se están reconstruyendo, esto es evidente. A mí eso me preocupa mucho”. “Las grandes empresas –añade Joaquín Vidal, uno de los autores– poseen ejércitos de empleados cuya misión es presionar en su beneficio a los poderes públicos, a los medios de comunicación, a los científicos o a los líderes de opinión”.
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