El Gobierno promete reformas para echar a ANV de los municipios

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El PP acepta hablar de todo, pero insiste en que la vía más eficaz es aplicar la Ley de Régimen Local.

El Ejecutivo dice, sin  embargo, que esa norma no es aplicable tal y como está porque exige reiteración.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, expresó ayer la firme voluntad del Ejecutivo de «actuar en todos los frentes para impedir que una formación ilegal pueda gobernar en los ayuntamientos». Es un paso adelante del Gobierno contra  la ilegalizada por el Tribunal Supremo ANV.

El Ejecutivo ha encargado a sus servicios jurídicos un exhaustivo análisis de la Ley de Bases de Régimen Local con el objetivo de buscar la vía legal más apropiada para su reforma. El artículo 61 de la citada ley establece el método que permite al Gobierno, con la aprobación del Senado, disolver un ayuntamiento cuando se demuestra que la corporación municipal ampara el terrorismo.

La doctrina del Tribunal Constitucional para la disolución de ayuntamientos es que debe demostrarse que el respaldo al terrorismo es reiterado y grave. Este extremo dificulta la capacidad  de maniobra, según el Ejecutivo, por lo que ahora ha decidido dar los pasos políticos oportunos para promover una reforma legal que impida a ANV estar en los consistorios vascos y navarros. El Gobierno va a negociar estas medidas con el PP y el resto de las fuerzas políticas. Zapatero y Rajoy ya han tenido oportunidad de hablar sobre las previstas reformas legales en el viaje que realizaron juntos a Azpeitia.

El jefe de la oposición y el presidente del Gobierno van en esta Legislatura de la mano en virtud del acuerdo antiterrorista que sellaron de palabra en la entrevista que celebraron en La Moncloa en julio. Hasta hoy, en ese acuerdo ANV no ha figurado entre las prioridades de actuación. Pero la situación ha cambiado después del último asesinato etarra y una vez que los populares registraron el jueves una iniciativa en el Parlamento por la que exigen la inmediata disolución de los ayuntamientos de ANV, en virtud del artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local.

El PP está dispuesto a escuchar todas las fórmulas que se le planteen, pero insiste en que la más eficaz es la que recoge su proposición no de ley. Que, por cierto, según explicó ayer la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, quieren que se debata antes de las vacaciones de Navidad y se vote en Pleno el día 16. De ser así, el PSOE deberá retratarse en público ante una propuesta que en privado ya ha dicho que no ve posible. 

Desde el PP, Sáenz de Santamaría insiste en que sí es viable porque la modificación de la Ley de Bases del Régimen Local, hecha en 2003, permite dar cobertura a la disolución de los 42 ayuntamientos gobernados por ANV. La portavoz recordó ayer al Gobierno el acuerdo que les une: «Espero que todos juntos podamos sacar adelante, con una buena tarea política y jurídica, algo que a la gente en la calle le cuesta mucho entender, y es que concejales de un partido ilegalizado por terrorista sigan al frente de los ayuntamientos». Por su parte, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, dejó otra advertencia: hasta que el Gobierno no haga que ETA deje las instituciones, «la sintonía en materia de terrorismo no puede ser completa». Ante el argumento del Ejecutivo de que la Ley de Bases del Régimen Local no es válida porque hace falta un comportamiento reiterado de afinidad con el terrorismo, los populares recuerdan que ya hay precedentes de reiteración. Por un lado, los que aparecen en la sentencia del TS de ilegalización de ANV: actitud de la marca proetarra en Mondragón y ante el atentado en Capbreton. A esto hay que unir otros casos de no condena como el de Durango o el último de Azpeitia.

Fuente: Larazon.es

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