El 27 de noviembre de 2005, veinte meses después de que el nuevo Gobierno socialista llegara al Poder, Zapatero puso en marcha la gran operación mediática que iba a marcar su Presidencia, con el objetivo puesto en amarrar el Poder por mucho tiempo. A él no le pasaría nunca lo de Aznar, quien, tras 8 años en Moncloa y mucho incordiar, dejó el panorama mediático convertido en un erial para la derecha española. Él va a crear su propio grupo audiovisual. El grupo de sus amigos. Del dinero ya se verá. Y otorga un nuevo canal de televisión en abierto cuando ya hay fecha fija para el llamado “apagón analógico”, el 3 de abril de 2010, es decir, de aquí a once meses. Nace así contra toda lógica La Sexta, la televisión de sus amigos Roures, Contreras & Cía. Unos meses antes y en plena desbandada veraniega (30 de julio), el Ejecutivo, violando letra y espíritu de la Ley, había autorizado la conversión de un canal de pago (Canal Plus) en otro en abierto (La Cuatro), logrando así cerrar la boca del poderoso grupo mediático del señor Polanco.
Fue la vicepresidenta del Gobierno, señora De la Vega, mandatada por Zapatero, quien cerró el pacto con los dueños de los grupos multimedia. El escándalo implícito se viste y amortigua con el lenguaje falsario de las grandes ocasiones: la concesión de nuevas licencias se hace en aras de “aumentar el pluralismo e incrementar la oferta”, porque, además, hay “espectro de sobra”, y los nuevos canales “caben en el mercado publicitario”, un mercado que a la sazón atravesaba un boom que en 2007 hizo ganar 353 millones de euros netos a Telecinco, y más de 200 a Antena 3. De la Vega consigue calmar a Alechu-Vasile (Telecinco) y a Lara-Carlotti (Antena 3), haciendo que se traguen el sapo de dos nuevos competidores sin rechistar. Cierra también la boca a Ramírez (Unidad Editorial) asegurándole que el 3 de abril de 2010 su non nato Veo TV tendrá los mismos canales que Telecinco y Antena 3 (un multiplex de cuatro), y otro tanto ocurre con el Grupo Vocento y su Net TV. Tutti contenti.
Tres años después de aquel episodio, con el mismo Gobierno in office, la situación es diametralmente contraria a la esperada. En realidad es desesperada para la totalidad de los grupos, a cuenta del cambio de tendencia del mercado publicitario y del nivel de endeudamiento asumido por los protagonistas del sector, gustosas víctimas voluntarias de la borrachera del dinero fácil que presidió la burbuja española. Y ahora el Gobierno Zapatero tiene que salir al rescate de sus amigos de Mediapro, porque es seguro que si antes de verano no encuentran un pagano dispuesto a correr con los gastos de la fiesta, La Sexta tendrá que suspender pagos. Y como ZP no puede ayudar solo a sus amigos, porque se notaría mucho, ha decidido ayudar al resto, eso sí, con cargo al contribuyente. Y tutti contenti again. Un escándalo que Felipe González no hubiera osado perpetrar.
Ahora resulta que no hay cartas para tantos jugadores. La tarta publicitaria no da para todos. Ahora hay que fusionarse a toda velocidad: toca juntar meriendas ya mismo, empezando por las aparentemente irreconciliables Sexta y Cuatro (el pobre Javier Díez Polanco estaba obsesionado con llevar el pulso con La Sexta hasta el borde mismo del precipicio -“a ver quién frena antes”-, pero, cuando apenas quedaban cien metros para el abismo, Cebrián se lo ha cepillado sin piedad). Pero, señor Zapatero, ¿no decía usted que se trataba de “aumentar el pluralismo”? ¿Por qué no dio una sola licencia? Y, más importante aún, ¿por qué no retira usted las licencias que no puedan cumplir el pliego de condiciones? Existe jurisprudencia al respecto: el caso de Quiero TV, una concesión con 14 canales de TDT de pago cuya licencia le fue retirada a la concesionaria por incumplimiento de contrato después de que los socios (en particular AUNA) se dejaran en la juerga 1.000 millones de euros, canales que el Gobierno repartió entre los privados en noviembre de 2005. ¿No será que no retira usted la licencia a La Sexta porque los dueños son sus amigos…?
Gracias a De la Vega, la tele pública será de pago
El sector se iba a regular mediante una gran Ley General Audiovisual, un proyecto que ha quedado aparcado sine die porque a Zapatero le da la risa floja cuando alguien habla de Ley y de medios de comunicación. Muy español. A cambio, el Ejecutivo ha decidido ir parcheando mediante Decretos puntuales. Zapatero nos está vendiendo el escándalo por fascículos. Primero fue el aprobado el 5 de febrero pasado, mediante el cual se eliminó el tope del 5% para inversores que participen en más de una cadena, estableciendo la nueva barrera en el 27% de audiencia media para las participaciones simultáneas entre cadenas. Ya no hay, pues, limitaciones legales: ya se pueden ustedes fusionar a gusto. Con el habitual desparpajo socialista a la hora de retorcer la ley, De la Vega aseguró que el nuevo Decreto venía a “avanzar en la liberalización del sector y garantizar la transparencia y el pluralismo…!”
Pero esta era solo la mitad de la historia. La otra mitad vio la luz este viernes: no solo es imprescindible que ustedes se fusionen, sino que, además, les vamos a dar la pasta de TVE para que puedan hacerlo con garantías. Vamos a abrir la caja de la televisión pública y a repartir su contenido entre unos cuantos. No sin ciertas dosis de sorna, el atraco ha sido bautizado oficialmente como “Anteproyecto de ley de financiación de TVE”. Al no emitir anuncios, la TVE dejará de tener ingresos derivados de la publicidad, unos 500 millones de euros que, en teoría (porque esa mimética traslación no se está produciendo en Francia, por ejemplo) pasará a engrosar la cuenta de resultados de las privadas. En suma, Zapatero y De la Vega abren en canal RTVE y las privadas se apoderan del botín.
Para favorecer a sus amigos y, de paso, tener bien embridados al resto de propietarios de las cadenas, que tan fundamental papel juegan a la hora de ganar elecciones, el Gobierno se mete en la selva de un intervencionismo atroz, al obligar a las propias cadenas a aportar un 3% de sus ingresos para financiar RTVE, porcentaje que es del 0,9% para los operadores de telefonía. ¿Razones de tan curiosa iniciativa? Según De la Vega, que las telecos ganan “miles de millones de pesetas” (sic). Ello sin olvidar que la parte del león de la financiación del ente público seguirá corriendo a cargo de los PGE. ¿Damnificados? Los españoles en general, porque serán los contribuyentes quienes paguen las copas de esta nueva fiesta, que ya se encargará Telefónica y compañía de repercutir ese nuevo coste en el usuario del servicio, como un irritado César Alierta advirtió a De la Vega en miércoles pasado, cuando intentó in extremis abortar el Proyecto de Ley aprobado el viernes. No lo consiguió. Lo peor para Alierta, con todo, es que quiso ver a Zapatero. No le recibió.
Y el “lobby de la ceja” que no sufra
El tándem Zapatero-Vega ha puesto buen cuidado, eso sí, en seguir regalando el hocico del llamado “lobby de la ceja”: las cadenas privadas tendrán que seguir apechugando con el 5% de sus ingresos para financiar la producción de cine español, carga que han pretendido sacudirse por tierra, mar y aire. No lo han conseguido. Así de poderoso es el lobby de marras. El cabreo es general en la sede de RTVE, pero, con Luis Fernández –con Javier Pons, la mejor pareja de gestores que ha pasado por el ente- totalmente maniatado (cosas de la TVE “independiente” que dice De la Vega), ya verán cómo no habrá ningún Informe Semanal que denuncie el atropello. Quienes, a pesar de los pesares, están encantados son los privados. “Una medida de estímulo que termina con la doble financiación” (El País de ayer). “Estamos muy contentos por las cosas que el Gobierno está haciendo por nosotros” (Alechu Echevarría, presidente de la patronal Uteca).
De los casi incontables abusos cometidos por los Gobiernos de turno a lo largo de la historia de una democracia sin demócratas como la nuestra, pocos como éste donde se ponga tan zafiamente en evidencia el carácter discrecional de un Ejecutivo dispuesto a saltarse la Ley a la torera y utilizarla en beneficio de unos pocos, generalmente sus amigos, a llevar el intervencionismo administrativo hasta niveles de náusea, a abrir la puerta a nuevos episodios de corrupción en cadena y a enfangar, en suma, cualquier principio democrático que se precie. Lo ocurrido y lo que está por venir (tal que la romería de esas 1.290 licencias de TDT que tendremos cuando las CC.AA terminen de hacer sus subastas digitales, de las cuales morirán enseguida no menos de mil, y las que sobrevivan lo harán chupando del bote de los presupuestos autonómicos). Más corrupción. A esto precisamente me refiero, se refieren tantos españoles, cuando hablan de la paupérrima calidad de nuestra democracia. Parodiando la frase pronunciada por Jeanne Manon Philipon –fiel seguidora de Rousseau y musa de la causa girondina-, camino del patíbulo: ¡Oh Democracia, cuántos abusos se cometen en tu nombre!
Fuente: → El Confidencial
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